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El certificado energético en España, otro elemento para la picaresca

Se ha cumplido algo más de un año, desde que el 1 de junio de 2013, entrara en vigor la norma por la cual, cualquier propietario que desee vender o alquilar una vivienda deberá presentar un certificado de eficiencia energética.

El certificado en sí, es un documento que debe ser emitido por un técnico superior (arquitecto o ingeniero) y en el que se califica el gasto energético de la vivienda, obteniendo una puntuación a partir de la cual le corresponde una letra siendo la A, la correspondiente a la calificación energética superior y la G la menos eficiente en términos de energía. Algo similar a lo que sucede con los electrodomésticos.

El hecho es que, en un país como España con un parque de viviendas en alquiler de alrededor de 1,8 millones y más de 3 millones de casas vacías (según datos del Instituto Nacional de Estadística), una vez más surge la picaresca del negocio fácil, lo que ha provocado un verdadero aluvión de empresas dedicadas a la inspección y expedición de dichos certificados.

El certificado, como ya hemos comentado, lo tiene que firmar un técnico superior que debe visitar la vivienda para evaluar la calidad de los cerramientos, el consumo de energía de los electrodomésticos o el grosor de las paredes, etc. pero la realidad de lo que está sucediendo en nuestro país es muy distinta; muchos de los certificados expedidos, aún avalados por un profesional habilitado, se están haciendo sin ese trabajo de campo.

Han surgido empresas que ofertan este servicio a través de internet y se realizan los trámites a través del teléfono o del correo electrónico con descuentos que van desde el 50% hasta el 90% del precio de un certificado realizado según la normativa. 

Así, las autoridades competentes advierten que la publicación de anuncios de viviendas en venta o alquiler en los que se compruebe que la certificación energética no se ha realizado conforme a las especificaciones legales podría ser susceptible de sanción, de entre 1.200 y 6.000 euros, tanto para el propietario de la vivienda, como para la empresa que realiza la ‘inspección’ y para el portal o página web que difunda el anuncio.

En el caso de Comunidades como Madrid y Cataluña ya se están tramitando algunas sanciones mientras en Aragón, por ejemplo, todavía no se ha abierto el registro. En el caso concreto de la Comunidad madrileña ya ha advertido que este tipo de inspecciones “virtuales” infringen la exigencia impuesta por el artículo 5.5 del real decreto 235/2013, que regula la expedición de estos documentos y  que exige que “durante el proceso de certificación, el técnico competente realizará las pruebas y comprobaciones necesarias, con la finalidad de establecer la conformidad de la información contenida en el certificado de eficiencia energética con el edificio o con la parte del mismo”.
 
Ante la actual coyuntura, varios Colegios Profesionales en España como el Colegio de Aparejadores de Madrid, ha puesto en su web un listado de profesionales acreditados para expedir el certificado energético a disposición de los propietarios que deseen contratar a un profesional con total garantía.
 
Pero, ¿Cuánto cuesta un certificado energético?
 
La respuesta es que no existe un precio predeterminado. Los precios van desde los 35 euros hasta los 200, dependiendo de ofertas pero como ya hemos mencionado, los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros a los que el Ministerio de Industria considera habilitados para expedir certificados, aconsejan a los consumidores que acrediten la profesionalidad de quienes se los ofrecen.
 
Informe sobre el Estado de la Certificación Energética
 
El balance realizado en el Informe realizado sobre el Estado de la Certificación Energética y que realizan el IDAE y los Ministerios de Industria Energía y Turismo y Fomento con los datos proporcionados por la Comunidades Autónomas después de un año desde su implantación no arrojan datos demasiado alentadores.
 
El número de edificios certificados hasta los primeros meses de 2014 es de 14.140 de nueva construcción y 645.359 de edificios existentes lo que refleja la lentitud con la que se está implantando la norma.
 
Solamente el 6% del parque de 10 millones de edificios existentes poseen la certificación energética y si lo valoramos en número de viviendas apenas representa el 2,5%. El 99% de los edificios con certificación energética requieren actuaciones de eficiencia energética al tener una calificación energética entre las letras C y la G, pues solo el 1% ha conseguido la calificación B y el 0% la más alta que es la A, mientras el 85% se sitúan por debajo de la letra E.
 
Si se tiene en cuenta que el diferencial de consumo energético entre la mejor calificación, que es la A, y la más baja, que es la G, es del 80%, la principal conclusión es que la rehabilitación energética de edificios debería ser una prioridad  ya que nos encontramos en una situación de necesidad en cuanto a rehabilitación energética se refiere.

Con respecto a la nueva edificación, los datos que se ofrecen se refieren a la calificación energética en emisiones de edificios acabados de nueva construcción. Aquí se percibe un cambio de tendencia, pues un 14% se sitúan entre las calificaciones más altas, la A y la B, un 12% en la C y el 74% restante entre la D y la G.
 
Está claro que, aunque la nueva normativa ha iniciado una tendencia de mejora en la eficiencia energética de los nuevos edificios, no va a permitir alcanzar los objetivos de las directivas europeas de eficiencia energética de edificios y de eficiencia energética para 2020.

El certificado energético se ha convertido en una necesidad ya que forma parte de las acciones obligadas para la consecución del cambio en las políticas de ahorro económico y fundamentalmente energético. Sin la certificación y sin la exigencia de una alta eficiencia energética nuestras viviendas irán perdiendo valor y lo que es aún más preocupante  incidirá directamente en el proceso de recuperación económica de nuestro país.
 
Fuente: www.caloryfrio.com

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